MAS COBERTURA A LA SEGURIDAD PRIVADA

El Gobierno quiere dar cobertura legal a una mayor presencia de la seguridad privada en ámbitos que hasta ahora eran coto de la seguridad del Estado. El PP trabaja en una nueva Ley de Seguridad Privada, mientras el sector privado toma posiciones en la vigilancia de recintos que antes no eran de su competencia, como las cárceles, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los monitores de los centros penitenciarios. La nueva ley está ya “muy avanzada”, según fuentes cercanas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que señalan que la entrada del sector privado en una veintena de cárceles es un primer paso, entre otras cosas, para ahorrar costes. Medidas de este tipo no son ajenas a los recortes y el PP lo relaciona, además, con la creación de puestos de trabajo, aunque hay empleados públicos que dejarían paulatinamente de cumplir estas funciones.

En esto, el Partido Popular y Convergència i Unió han estado unidos. La iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de ámbitos como la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso ha partido de los nacionalistas catalanes. La proposición no de ley, debatida en la Comisión de Interior del Congreso, la apoyó el PP, que la ha incluido en el desarrollo de la reforma de la Ley de Seguridad Privada.

En Interior consideran además que, en medio del escándalo del Madrid Arena, los cambios legislativos que afecten a las empresas y los agentes privados darán respuesta a cuestiones de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, planificación, formación y eliminación del intrusismo y del resto de la picaresca del sector, que lleva a que haya personal o ciertas firmas cumpliendo funciones para las que no están preparados.

El PP considera que la legislación actual en materia de seguridad privada se ha quedado “obsoleta”, pues la norma fundamental data de 1992, y tres reformas legislativas y varias órdenes ministeriales y resoluciones no han sido suficientes, en opinión de los populares. 

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Un comentario

  1. Pero la ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.

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